jueves, 12 de marzo de 2015

Bachelet, no queremos sus "expertos", queremos una #AsambleaConstituyente


Hoy estamos en la peor crisis política que hemos vivido en este período post dictadura, una crisis que salpica de moros a cristianos en el espectro político y que se genera por los mismos motivos que caen todos quienes abusan de lo público para beneficio privado: delitos económicos y nepotismo. En el análisis de esta crisis sería irresponsable obviar el origen del problema de fondo, la colonización del aparato público por parte del empresariado, fenómeno que se inicia con los “Chicago Boys” en la dictadura cívico/militar de Pinochet que, entre muchas otras cosas, vendió las empresas públicas a bajo precio a oportunistas que, arrimados bajo la sombra de Jaime Guzmán, Freedman y Pinochet, se hicieron millonarios y poderosos en desmedro de toda la sociedad.
Hoy nadie duda de que el mundo del gran capital y el mundo político tradicional son parte de una misma esfera de poder. Dos caras de una misma moneda donde, tanto la Nueva Mayoría como la Alianza, han sabido jugar el papel del borde que une ambas caras. A esto si le sumamos la baja participación ciudadana en los procesos electorales, la pésima confianza que tiene la población hacia toda institución o autoridad política y la incapacidad institucional para acabar con la extrema desigualdad, da como resultado un evidente desgaste del modelo democrático y económico que sostiene la Constitución de 1980, hasta hoy vigente gracias a que sus pilares fundamentales no han sido modificados.
Como bien dijo un humorista hace poco, al final sea quien sea, siempre se termina atornillando hacia la derecha económica, pues para ambos bloques la economía (propia y de los cercanos) es más importante que cualquier otro fenómeno humano que se esté desarrollando. Y esto Jaime Guzmán lo dijo cual Nostradamus: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno anhelaría, porque –valga la metáfora- el margen de la alternativa que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.
El gobierno dirigido por Michelle Bachelet continúa planteando que son los “expertos” quienes deben redactar una nueva Constitución, pero que, obviamente, será con el aporte de los comentarios de la ciudadanía (participación ciudadana le llama). Al decir esto, la presidente expone que el pueblo y la Constitución son dos fenómenos que requieren de una élite para ser vinculadas, como si las personas tuviésemos alguna incapacidad intelectual para poder participar activamente en la elaboración de nuevas reglas para todos y todas.
¿Quiénes son esos expertos? ¿Qué intereses tienen esos expertos? ¿De quién son familiares esos expertos? ¿Quiénes van a elegir los expertos? ¿De qué clase social son esos expertos? ¿Qué ideología y religión tienen esos expertos? ¿Qué opinan de los pueblos originarios y/o de la libertad sexual y reproductiva de las personas? ¿Serán laicistas?
No queremos nada que venga de arriba, de las típicas esferas de poder que viven en los mismos barrios, van a los mismos colegios y comen en los mismos restoranes. Nunca al pueblo trabajador le ha ido bien una vez que los poderosos deciden lo que es bueno para nosotros, y Bachelet no sólo es parte de la gente con dinero y poder, además los protege.
No existe forma más legítima y democrática para confeccionar un nuevo pacto social que no sea mediante una Asamblea Constituyente, y no es necesario que haya “expertos” elegidos a dedo para que se traduzca la voluntad del pueblo. Esa tutela paternalista ya no responde a la época en que vivimos y debemos resistirnos a ella lo más posible, hasta poder presionar un nuevo pacto social mediante un proceso sociopolítico que nos lleve a la conformación de una Asamblea Constituyente que redacte y someta a plebiscito una nueva carta fundamental que ponga a Chile en la senda de la democracia real y de una economía en que el ser humano sea el valor central y no la acumulación inconducente de dinero (en manos de unos pocos) que sólo se puede traducir en una necesidad patológica de sentirse poderoso.