Ver original (página2 fecha 3 de agosto)
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Detrás de toda decisión política hay un componente ideológico que apunta hacia el cómo se desea un país. Privatizar o no privatizar una empresa propiedad del Estado, no sólo pasa por una postura técnica de pesos más o pesos menos, sino que corresponde a una visión del ¿para qué? de éstas. Según muchos, las empresas son máquinas de rentabilidad monetaria o de influencia política, para otros son iniciativas destinadas a un fin social, de valor estratégico ciudadano, en dónde cada dinero que entra, genera por algún medio, ganancias monetarias, éticas, políticas y/o estratégicas para la sociedad y no para bolsillos de pocos. Esto último tiene sentido cuando existe una visión de país consensuada y transversal, ahí es cuando decidimos en qué nos queremos convertir en 20 años más, por eso la educación, la producción energética y otras áreas claves para el desarrollo deben ser abordadas con cuidado. En Chile las privatizaciones tuvieron su momento de gloria y de desenfreno, se entregaron concesiones con un libertinaje regulatorio vergonzoso disfrazados de “incentivos para la inversión” que ahora permiten, por ejemplo, a la mineras internacionales sacar a costo cero miles de millones de dólares de minerales chilenos, dejando un mezquino pago de impuestos ad-ok. Si vamos a hablar de privatización entonces debemos debatir como sociedad las reglas del juego y el sentido que éstas empresas tendrán, porque una visión de Estado sería por lo social, político y estratégico y otra será la privada: dinero, dinero y más dinero, diálogo que además debe incluir a los trabajadores de ENAP y a sus sindicatos, porque si la decisión sólo pasa sólo por la visión del gobierno, tendremos claro el norte de la nueva forma de gobernar.
