Hay cosas que no pueden estar en manos de una lógica mercantil por su perfil estratégico para el desarrollo de un país. Una empresa privada sólo invertirá dinero en algo que le genere más dinero con el más bajo costo posible. Causa de esto es que la gran mayoría de las universidades privadas no generan ni un sólo proyecto de investigación; por el contrario, el desarrollo científico (base del crecimiento de los países de la OCDE) se concentra en las universidades de carácter público que a su vez concentran los alumnos con menos recursos del país. La cuestionable constitución chilena garantiza que los centros de educación superior “autónomos” hagan y deshagan con sus carreras -profesionales- sin regulación alguna; no será extraño leer por ahí un -técnico en cordones de zapatos- o -asistente asistencial jurídico-. ¿Cómo tanto dirá usted? Es tan macabro el asunto que incluso la ley que debiera garantizar calidad en educación superior (¡a sólo 4 carreras en Chile!), no causa pena -seria- alguna a las universidades y carreras que no cumplan con los bajos requisitos nacionales. Hay más exigencias legales para instalar un local de comida que una universidad, IP o CFT, lo que al final se transforma en un envenenamiento masivo a la matriz productiva del país. Pregúntense usted cuántos países del primer mundo dejaron en manos del mercado y de privados el sustento intelectual de su población, cuando lo averigüe de seguro sentirá que algo acá en Chile está remando para otro lado.
Muchos hacen gárgaras vociferantes sobre la cantidad de jóvenes del los primeros tres quintiles que ingresan actualmente a la educación superior, pero esos mismos viscos callan o convenientemente ingonar la estadística de que el 70% de las deserciones en los dos primeros años corresponde a esos mismos tres quintiles; en otras palabras la probabilidad de terminar la educación terciaria depende principalmente del nivel socioeconómico del estudiante.
Que una universidad acepte alumnos con menos de 500 puntos PSU para estudiar odontología, kinesiología, derecho o enfermería bajo pretexto de -.dar una oportunidad- puede sonar romántico, pero es un riesgo a corto plazo para el estudiante y sus familias y uno a mediano y largo plazo para todo el país. Esta realidad se observa en universidades nuevas que están bajo observación del Consejo Superior de Educación; centros de estudios que durante los seis años de -maduración- sólo deben responder a requisitos de orden administrativo, dado que los pedagógicos son casi un detalle menor para las exigencias de “calidad” del Estado chileno que comprende el concepto desde un punto de vista funcional de “ajuste a los propósitos declarados” que podemos encontrar en la misión de la institución... así de simple.
Las instituciones que logran obtener la “autonomía” quedan desde ahí en adelante sin regulación real dado que someterse a Comisión Nacional de Acreditación es voluntario dejando su control en manos de la oferta y demanda del mercado educativo, osea la calidad y la pertinencia de lo que estudian los jóvenes de Chile es manejada por la misma lógica que de una tienda de ropa. Ahora, qué pasa si una carrera o centro de educación superior no se acredita o sale rechazado, pues bien pasa que ¡no pasa nada!, incluso en las carreras que por ley debiesen acreditarse de manera obligatoria (Medicina, Educación básica, parvularia y diferencial).
Si retomamos a los jóvenes de los tres primeros quintiles que son “primera generación” familiar en educación superior debemos preguntarnos ¿dónde están entrando?, porque de seguro y como afirma Víctor Pérez -senador académico- de la Universidad de Chile, esos estudiantes son generadores de caja para levantar las inversiones que requiere el centro de estudio y que “están entrando a instituciones que no les van a aportar nada”. (Mönckeberg O. “La privatización de las universidades”. 2006)
Acá se están generando negocios inescrupulosos a costa de las esperanzas e ilusiones de las familias más modestas del país. El Estado chileno a sido cómplice desde los 80´s de esta vergüenza nacional que se ha intentado maquillar con leyes que en nada modifican el carácter liberal y de mercado de la regulación de la calidad y equidad en educación superior (y ni hablar de la escolar).
Es hora que comencemos a manifestarnos sobre esta cruda y descarada realidad país, en donde el sustento de generaciones completas está poniéndose en riesgo por mentes sin principios por el bien común y que entienden a la sociedad sólo como escenario de oportunidades políticas y económicas para su propio beneficio bajo el alero de leyes que ellos mismos se construyeron hace décadas.
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