Es evidencia pública que ante la emergencia el Estado como lo conocemos dejó de existir por un par de días, Hobbes tenía razón; “el ser humano es un lobo para el ser humano”, saqueos, robos sin sentido, violencia, bajeza, incendios provocados por gusto y necesidad de caos. Mas no todos respondieron de esa forma a la pérdida de la inercia que vivíamos, mientras algunos robaban otros estaban ayudando. Las organizaciones de base de la sociedad, formadas por utópicas personas generalmente poco consideradas por la sociedad civil, comenzaron a destinar su tiempo y habilidad en gestionar y coordinar ayuda para los sectores más devastados, con una eficiencia y rapidez digna de estudio. Acá se produjo algo, un fenómeno que en lo personal me provocó varios quiebres cognitivos, dado que la eficiencia y voluntad de las fuerzas armadas por hacer bien su trabajo fue un gran aliado de los grupos que trabajaban en brindar ayuda. No quiero interpretar estos gestos como una limpieza de imagen por parte de las FFAA, sino más bien creo que ellas son una herramienta política, y como cualquier herramienta depende del uso que le den; cuando su dependencia se transforma en autonomía tenemos, eso sí, graves problemas. Quizás a muchos no les gusta la idea de la “militarización” de la ciudad, pero desde mi punto de vista a veces hay situaciones que hacen que muchas cosas, incluso heridas, deban pasar a un segundo plano por el tiempo que sea necesario.
Ahora bien, en esos momentos bajo el control de las FFAA, las organizaciones contaron con la libertad de gestionar cuanto proyecto pasara por la mente de sus activistas y existía la voluntad de parte de todas las instituciones de colaborar, había confianza en el tejido social, se eliminaros las burocracias, el papeleo inútil, dos llamadas por acá, una por allá y ya teníamos el camión, ya estaba el contacto para poder llegar, ya estábamos con los permisos, ya teníamos la escolta, no había tiempo que perder ni energías que mal gastar.
Nunca había visto en mis 29 años que las organizaciones sociales de base pudieran manifestar un trabajo mancomunado con las instituciones de poder, como nos cambió la vida ante la catástrofe. Personalmente participé en muchas reuniones con los altos mandos regionales, ONEMI, Seremis, Directores de Servicio, sin ser nadie más que un ciudadano inquieto, con ideas y con un equipo humano dispuesto a desarrollar su experticie.
Pero las primaveras se acaban, y llegó la hora del cambio de mando, de la toma del control por el nuevo gobierno, por la aparición de personalismos y egos inflados hambrientos de medios y de autoridad. Ahora volvieron las puertas a cerrarse, ya no interesan los grupos ciudadanos, esos locos lindos que querían cambiar el mundo. Ahora hay que pedir cinco permisos, esperar tres firmas, cruzar los dedos si la iniciativa no estorba con las pretensiones de las autoridades e intentar que no huela a mucha izquierda la ayuda que propones.
Frente a este muro egoísta y tradicional, ante la incapacidad democrática de nuestros representantes para abrirse al mundo civil, es difícil seguir ayudando con la eficiencia de los primeros días, ahora la ayuda debe tener un sentido político; ya no importa el dolor, el frío y las necesidades, importa la imagen de un gobierno sólido, fuerte y con esa cosa linda que nunca fue, esa nueva forma de hacer las cosas. Pero no importa, ya hay una evidencia, ya tenemos el antecedente, ya sabemos que podemos, ya pudimos palpar que el tejido social tiene musculatura, tienen liderazgos, tiene gente solidaria y capacitada… sólo nos falta un sentido, algo que nos una de nuevo, algo que evite que nuevamente nos dejemos abrazar por el mall, la televisión y nos durmamos con el canto arrullador del paternalismo ultraasistencialista del Estado.
Entrevista del CID al connotado historiador Sergio Grez sobre el tema desarrollado.
¿Ha existido en algún momento de nuestra historia nacional, una relación cooperativa entre redes sociales y el Estado?
La relación entre las organizaciones sociales y el Estado ha pasado por distintas fases, según los avatares de la evolución política nacional y de acuerdo a las definiciones tácticas y estratégicas que las fuerzas a la cabeza del Estado han elaborado en diferentes momentos de la historia de Chile.
Hasta comienzos de la década de 1860 esa relación era prácticamente inexistente. Las fuerzas conservadoras que se encontraban en el poder miraban con cierta desconfianza el surgimiento de las primeras sociedades mutualistas inspiradas por la idea de "regeneración del pueblo" de corte más bien liberal.
Durante la "República Liberal" (1861-1891) los gobiernos vieron con buenos ojos el desarrollo del mutualismo y le otorgaron un estatuto legal. Los reglamentos de las sociedades de socorros mutuos debían ser aprobados por las autoridades gubernamentales, lo que culminaba con el otorgamiento de personería jurídica a estas sociedades populares. Pero ese mismo Estado reprimió -a veces ferozmente- la acción de las primeras organizaciones sindicales (sociedades de resistencia, mancomunales, federaciones y sindicatos propiamente tales) durante la República Parlamentaria (1891-1925). El "Estado benefactor" o "de compromiso" que existió entre (1925 y 1973) combinó el garrote con la zanahoria. Reconoció derechos al sindicalismo, estimuló la formación de sindicatos legales, pero se esforzó porque su actividad se ajustara estrictamente a los márgenes establecidos por la ley y vigiló muy de cerca su funcionamiento (incluso las finanzas sindicales), fijó márgenes más bien estrechos para el desarollo de las huelgas y reprimió con fiuerza a los trabajadores cada vez que sus movimientos fueron percibidos como una amenaza para el orden social por los gobernantes de turno. La cooperación entre las redes sociales populares y el Estado se dio dentro de ese cuadro, dentro de los límites fijados por el Estado.
¿Pero durante la dictadura, debe haber sido muy distinta la situación?
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) la represión y la conculcación de derechos fue la tónica dominante, sin que ello significara la ausencia completa de "relación cooperativa" entre algunas redes sociales y el Estado. La dictadura siempre contó con algunas bases sociales populares organizadas de manera paternalista, jerárquica y autoritaria desde la cúspide del Estado y bajo estrecho control de los organismos represivos.
¿Y en los gobiernos de la Concertación, mejoramos algo?
La nueva democracia liberal de baja intensidad que se ha desarrollado desde 1990 hasta la actualidad ha reeditado un cuadro parecido (pero mucho más restringido) al del Estado de compromiso que existió hasta 1973. El Estado ha apuntado al establimiento de lazos con las organizaciones sociales que han sobrevivido al proceso de desmovilización y desarticulación inducido por las mismas fuerzas políticas que lo han administrado desde entonces (tanto de la Concertación como de la Derecha clásica). Naturalmente, se trata de una "relación cooperativa" tejida en torno a una perspectiva eminentemente aistencial o inocua para los intereses de los sectores del gran capital y de su Estado. Iniciativas como los llamados "pavimentos participativos" en los que el Estado descarga el 50% de sus responsabilidades en las redes sociales populares poblacionales son un buen ejemplo de esta política y de sus alcances.
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