La comisión Engel se formó el 2015 para dar respuesta a la crisis ética de la política chilena ante vergonzosos casos de corrupción y la falta de transparencia y democracia al interior de los partidos políticos tradicionales de la transición. Una de las pocas cosas que se consideraron (en parte) del informe final de la comisión fue la necesidad de revelar cuál es realmente la consistencia numérica de militantes puesto que esto será condición para recurrir al nuevo sistema de financiamiento de los partidos políticos. Frente a ello se le exigió a los partidos tener que refichar a sus militantes para transparentar las infladas cifras que expresan, y el mecanismo para ello gozaría de condiciones más flexibles que las que se le exigen a nuevas organizaciones sociales que están en proceso de conformarse como partido político, cuestión que por muy legal que sea, huele claramente a injusticia. A menos de dos meses de tener que cumplir los plazos establecidos por la nueva ley y ante las dificultades de poder concretar la meta, el Servicio Electoral (SERVEL) no encontró nada mejor que favorecer a los partidos políticos tradicionales permitiéndoles acelerar su proceso de refichaje pudiendo sumar personas mediante un sistema electrónico, cuestión que también está contemplada para los partidos en formación en el artículo número seis, párrafo tres, de la nueva ley de partidos (n°18.603): "Una instrucción general del Servicio Electoral establecerá el modo en que el procedimiento de constitución y afiliación del partido político en formación podrá realizarse de acuerdo con las disposiciones de la ley N°19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma". Acá entonces uno tiene el derecho se hacerse la siguiente pregunta ¿Por qué el SERVEL genera la posibilidad de fichar militantes de manera electrónica única y exclusivamente a los partidos de la transición dejando fuera a los partidos en conformación, siendo que la ley así también lo establece? Lamentablemente el Gobierno ha dado reiteradas muestras de querer evitar que se desarrolle una profunda política ética por mayor transparencia y de lucha contra la corrupción (recordemos por ejemplo las intervenciones al Servicio de Impuestos Internos del año pasado), siendo esta nueva medida una expresión más de la propensión a sostener la cancha dispareja, heredada de la dictadura cívico-militar, en desmedro de las nuevas fuerzas que emergen en respuesta a la crisis de la política de la transición que ha dado groseras muestras de estar más vinculada al gran poder económico que al bien común de toda la ciudadanía. Lo peor que podemos hacer es entrar en una actitud dócil ante este intencional y estructural desequilibrio político que lo único que consigue es profundizar la desconfianza y el rechazo de las personas a la práctica política, cuestión que corroe los pilares de nuestra democracia y pone en peligro la paz social. Es de esperar que, frente a los múltiples reclamos que se han sostenido frente a esta actitud, el SERVEL cuanto antes genere los mecanismos que de cumplimiento a la ley electoral para que los partidos en conformación tengan las mismas posibilidades de sumar nuevos militantes a través de medios electrónicos. De no darse así, podremos asumir que la oligarquía partidaria y sus gobiernos están en clara disposición de guerra contra democracia, lo que abre la posibilidad de comenzar a definir sin duda alguna de que Chile sufre de una enfermiza plutarquía autoritaria, dando las condiciones a que se genere el histórico proceso de desobediencia civil, desestabilización institucional y la (lamentable) violencia que expresan los pueblos frente a los abusos del poder político corrupto.
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