Un nuevo revés sobre la libertad de pensamiento y sobre los derechos de la mujer ha sufrido el país, la Contraloría General de la república dictaminó una especie de análisis jurídico que respalda la decisión del Tribunal constitucional de mantener vigente la prohibición de la entrega de la píldora del día después por parte de los consultorios y/o municipios, por contradecir constitucionalmente el "derecho a la vida" que se manifiesta estratégicamente en nuestra constitución conservadora-militar del año 1980.
El fallo con fecha de 16 de Junio de 2009 con n° de Dictamen 31356 (http://www.contraloria.cl/appinf/LegisJuri/DictamenesGeneralesMunicipales.nsf), dice lo siguiente:
"Las municipalidades, con el objeto de promover la salud y el desarrollo comunal, pueden implementar nuevas prestaciones de salud, insertas en planes comunales de esa naturaleza, en los casos en que no exista política pública ministerial, en la medida que tales prestaciones sean financiadas directamente por el paciente particular o haciéndose cargo el propio municipio de asumir su costo y no se las considere dentro de aquellas que sirven de base a la determinación del aporte estatal, para la atención primaria de salud municipal, no obstante lo cual dichas acciones deben ajustarse a la juridicidad vigente. Así, los municipios están comprendidos en el ámbito de aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional referida a los fármacos denominados "píldora del día después". Excede el ámbito de competencia de Contraloría emitir un pronunciamiento sobre los alcances que dicha sentencia tendría sobre las funciones que los artículos 59 y 70 del DFL 1/2005 Salud le asignan al Instituto de Salud Pública y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud y sobre la actividad de entidades privadas como farmacias, drogerías, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos de productos farmacéuticos."
Este fallo del Tribunal Constitucional abalado por el silencio jurídico de la Contraloría General de la República, prohíbe el uso de la muy masificada T de cobre."
Los parlamentarios y alcaldes que impulsan la medida pertenecen a la derecha nacional, miembros honorarios de los grupos religiosos ultracoservadores, Legionarios de Cristo y Opus Dei. Estos grupos "provida" han manifestado públicamente la negativa a discutir sobre métodos de anticoncepción y sobre algunos tipos de abortos en Chile por que, medularmente estas medidas atentan a la constitución nacional, declaran ellos.
Observar: http://www.youtube.com/watch?v=HZRec16yG2M
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20070112/pags/20070112133212.html
La imposición de los valores cristianos humanistas en las decisiones del estado, con medidas antiprogresistas, conservadores y lapidarias son pan de cada día en la legislación nacional. Esto es una atentado a la declaración de la separación de la Iglesia (católica) y de estado en la constitución del 1925. Nuestro estado es un estado Laico y esta definición obliga a las autoridades a gobernar para todos los chilenos, independiente de su religión, estrato social o culto.
Observar: http://www.youtube.com/watch?v=ztpHA6UcIig&feature=channel
Los métodos anticonceptivos como la píldora del día después sólo están al alcance de las personas que tienen los recursos de consultar con un médico particular y comprar la píldora, con receta, en una farmacia, en donde su costo sobrepasa los $20.000. Esta medida atenta entonces, a mi parecer, contra el trato en igualdad a la población, lo cual no puede ser. Es más estas bancadas "pro vida" pretenden seguir legislando en esta materia hasta que se logre prohibir la venta de la famosa píldora en las farmacias de todo el país.
Los grupos organizados de mujeres en Chile no han sido escuchadas, a pesar de la gran manifestación en abril ( http://www.youtube.com/watch?v=3gWGaI8b-Zs&feature=related).
Podemos ver que el Estado Chileno sigue ligado a la iglesia católica ultraconservadora, en dónde, atrincherados en su discurso "pro vida" cooptan a las mujeres de nuestro país s decidir que hacer y qué no hacer con su sexualidad y programación familiar.
Chile no debe permitir esto, como nación no debemos votar por quienes ponen sus principios particulares por sobre los del colectivo. El estado debe gobernar para todos los chilenos y aplicar las medidas de salud pública que requiera la población, sin ser intervenidos por principios religiosos, válidos, pero no compartidos por millones de mujeres en nuestro país.
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